Que arda España, que ya la venderemos nosotrxs

Con el ruido de las elecciones y de su complejo resultado ha pasado como de puntillas una noticia que tiene la máxima gravedad, tanto por sus implicaciones políticas, como por las medioambientales y sociales, pero muy especialmente por sus implicaciones legales. Me refiero, como creo que resultará obvio alx lectorx avispadx, a la brutal ola de incendios que arrasó la cornisa cantábrica de forma muy sospechosamente casual la noche previa a las elecciones generales.

El gobierno de José Luis R. Zapatero pudo cometer errores, pero es forzoso reconocerle los méritos en cuanto a algunas de las normativas aprobadas en sus dos legislaturas. En la primera de ellas cambió la Ley de Montes de 1957, aprobando un texto legal, la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, que entró en vigor el 22 de febrero del año siguiente. Con ella se daba una buena cobertura a la protección de los montes, tanto públicos como privados, y se dotaba un cuerpo de guardas medioambientales con capacidad para detener in situ a quienes fuesen cogidos in fraganti infringiendo las normativas medioambientales. Pese a ello, hemos visto con horror y preocupación cómo año tras año se reproducían incendios forestales que seguían unos patrones más que sospechosos: una elevada concentración de incendios en Galicia, por ejemplo (¿después de miles de años viviendo en ellos, han olvidado lxs gallegxs cómo se cuida el monte?), "inexplicables" incendios nocturnos o en lugares o momentos en que las circunstancias naturales no los explicaban; y eso por no mencionar aquellos que tenían dos o más orígenes simultáneos.

Todos ellos reflejaban intereses subyacentes de lo más diverso, desde el mero descuido, pasando por la venganza personal, hasta los más execrables intereses urbanísticos o especulativos. Sin embargo, aun concentrándose a veces en una misma área y en fechas cercanas, no dejaban de ser sucesos más o menos aislados, más o menos inconexos.

En cambio lo del pasado sábado supera los más descabellados planes que la ficción pueda proyectar en una pantalla: sobrepasa el ámbito de lo local, al afectar a la superficie de cuatro comunidades autónomas, y desafía todo cálculo de probabilidades al coincidir más de 140 (¡ciento cuarenta!) focos en una misma noche, y noche sin tormentas eléctricas además, lo que excluye las causas naturales; y noche del final del otoño, para más inri. Pero siendo tanta coincidencia ya de una enorme gravedad, por la planificación y organización que sugiere haber tras tanto foco incendiario, lo que eleva los niveles de gravedad hasta el máximo grado es el marco normativo y el momento político en que todo esto ha tenido lugar.

El Gobierno del Partido Popular, amparado cobarde y miserablemente en su malhadada mayoría parlamentaria, ha desoído las reclamaciones y reivindicaciones del pueblo, incluidxs sus votantes, en diversos temas de gran calado social. Como no podía ser menos, también en el tema medioambiental. Así, aprobaron una serie de reformas a la Ley de Montes ya existente, con las cuales cortaban de un plumazo los dos brazos a lxs agentes forestales, al convertirlxs en merxs observadorxs sin capacidad de actuación directa, y las cuales convertían en materia de especulación tanto los montes asolados por un incendio como los árboles quemados en el mismo, al permitir su comercialización. Este marco legislativo tan benigno con lxs especuladorxs sin escrúpulos, con esxs mismxs especuladorxs que no tienen ningún reparo en cometer otras tropelías contra la naturaleza, aunque ésta se halle materializada en seres humanos, amenazaba con desaparecer tras las elecciones del 20D, y quienes tenían previsto beneficiarse antes o después de él se precipitaron a poner en acción todos sus incendios provocados planificados para el año entrante antes de la noche electoral. Lo cual, por cierto, no sólo les califica de criminales, sino de imbéciles e ignorantes, puesto que unas elecciones no son un interruptor que cambia súbitamente el marco legal.

De modo que, llegado a este punto, no puedo evitar preguntarme qué motivos ocultos llevaron al PP a aprobar un marco legal tan opuesto a la defensa de la naturaleza, con todas las asociaciones de ecologistas en contra, amén de una parte muy numerosa, y electoralmente muy significativa, de la población. Después de haber visto cómo numerosxs miembrxs del partido en el Gobierno utilizaban las instituciones públicas para su enriquecimiento personal, así como para el mercadeo favorable a sus socixs financierxs, incluyendo entre esas actuaciones el robo de fondos destinados a la ayuda a países desfavorecidos para dotarlos de agua potable con el propósito de alimentar el fondo de bienes inmuebles particulares, ¿a quién podría extrañarle que los sucesos de la noche del 19D fueran el fruto de acuerdos privados de los más altos dirigentes de ese corrupto partido con empresarixs mafiosxs de comportamiento o de filiación? ¿Cuántas coincidencias sospechosas necesita el Fiscal General del Estado, por más que cojee de su mismo pie, para emprender alguna investigación?

Lxs más observadorxs ya habrán notado que he parafraseado al Ministro Montoro, quien en mala hora llegó al Gobierno, presumiendo de su capacidad de mejorar una economía hundida en lo más bajo. Pues hala, venga usted, lenguaraz señor Montoro, a ver si tiene los santos cojones de hacer el milagro de reponer las cinco viviendas que han ardido, con todos sus enseres dentro, con el pasado y quién sabe si el futuro de cinco familias, o tanto animal abrasado por las llamas, o asfixiado por el humo, o tanto árbol y matorral quemado.

En fin, aquí me quedo, solo, clamando quizás en el desierto, a la espera, sentado, de que alguien con corazón y dignidad mueva algún dedo.

Sinelo